El propio director general reconoce que los planes de las Reservas de la Biosfera no tienen carácter normativo
Los 5 recursos judiciales paralizan los decretos de las juntas rectoras de los parques naturales, que pretenden eliminar la representación conservacionista
La falta de protección efectiva de Muniellos y Las Ubiñas-La Mesa, ya denunciada en abril por la Red, y sobre cuya situación está explicada más en detalle aquí, no es una mera interpretación de la Red de Representación Ambiental de Asturies. Existe un documento público y oficial en el que el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar García, reconoce expresamente que, en referencia a las Reservas de la Biosfera, «ni su plan de gestión ni su zonificación no tienen carácter normativo».
Esta afirmación, realizada por escrito en un correo oficial de fecha 7 de mayo de 2026, resulta especialmente relevante para comprender el problema que venimos denunciando.
Si los planes de gestión y las zonificaciones de las Reservas de la Biosfera carecen de carácter normativo, no pueden presentarse como si proporcionasen la protección jurídica que necesitan estos territorios
Si los planes de gestión y las zonificaciones de las Reservas de la Biosfera carecen de carácter normativo, no pueden presentarse como si, por sí mismos, proporcionasen la protección jurídica que necesitan estos territorios. Su existencia no sustituye a los instrumentos de gestión legalmente exigibles ni resuelve las carencias de planificación que afectan a los parques naturales y a las demás figuras de protección que concurren en ellos. Por ello, mientras Muniellos y Las Ubiñas-La Mesa continúan pendientes de disponer de instrumentos de gestión integrados adecuados, estos espacios están desprotegidos.
Esta es precisamente la cuestión que el Gobierno asturiano debe resolver: no basta con anunciar planes, aprobar zonificaciones estratégicas o invocar el reconocimiento internacional de la UNESCO. Hace falta una protección efectiva, con instrumentos jurídicamente adecuados, que establezcan las reglas necesarias para conservar los valores naturales de estos espacios.
La Administración no puede confundir el reconocimiento de un territorio como Reserva de la Biosfera con la existencia de una regulación suficiente de sus usos y actividades. Tampoco puede utilizar ese reconocimiento para dar por resueltas unas carencias que siguen pendientes.
Cinco recursos judiciales contra los decretos de las juntas rectoras de los parques naturales
A la insuficiencia de los instrumentos de gestión se suma otro motivo de preocupación: el retroceso en la participación de las organizaciones conservacionistas en los órganos de gestión de los parques naturales asturianos.
La Red de Representación Ambiental de Asturies, a través de la asociación Saxífraga, integrante de la Red, ha promovido cinco recursos contencioso-administrativos contra los cinco decretos aprobados por el Principado en mayo de 2026 para regular la composición y el funcionamiento de las juntas y comisiones rectoras de los parques naturales de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias; Ponga; Somiedo; Las Ubiñas-La Mesa y Redes.
El problema central que denunciamos es el cambio en las condiciones de acceso y elección de la representación conservacionista. En órganos donde las organizaciones ambientales cuentan con una representación ya minúscula —un único representante por parque—, los nuevos requisitos impiden su participación y abre la puerta a que la Administración pueda vetar a las organizaciones que no reúnen las condiciones para estar representadas.
A nuestro juicio, este sistema amenaza con debilitar la independencia de las entidades que deben vigilar la gestión de los espacios protegidos, denunciar sus deficiencias y defender la conservación de sus valores naturales, incluso cuando sus posiciones resulten incómodas para el Gobierno.
Excluir o dificultar la presencia de las organizaciones conservacionistas supone debilitar una de las voces que deben garantizar que la conservación no quede subordinada a otros intereses.
No se trata de una cuestión secundaria. Las juntas de los parques tienen entre sus funciones informar sobre instrumentos de planificación, proponer medidas de conservación y velar por el cumplimiento de las finalidades de protección. Excluir o dificultar la presencia de las organizaciones conservacionistas supone debilitar una de las voces que deben garantizar que la conservación no quede subordinada a otros intereses.
La gravedad de la situación queda de manifiesto por la evolución de los procedimientos judiciales. Según ha informado Saxífraga, dos de los cinco recursos han obtenido medidas cautelares que suspenden los artículos impugnados de los decretos correspondientes.
Estas decisiones judiciales ponen de relieve la necesidad de extremar la prudencia antes de continuar aplicando unas normas cuya legalidad está siendo examinada por los tribunales. La constitución de juntas bajo reglas que posteriormente pudieran ser anuladas podría generar decisiones y situaciones jurídicas difíciles de revertir.
Por ello, RRAA reclama al Gobierno del Principado que paralice también la aplicación de los otros tres decretos mientras se resuelven los procedimientos judiciales, evitando que se consoliden situaciones distintas en parques sometidos a una misma reforma normativa y que puedan verse afectados por el mismo problema de fondo. No sería razonable avanzar en la constitución de unos órganos de gestión bajo reglas cuestionadas judicialmente mientras otros procedimientos ya han dado lugar a suspensiones cautelares.
Defender la naturaleza no puede convertirse en un requisito que la Administración interprete a conveniencia para decidir quién tiene derecho a participar en su conservación.
Obras y pistas: ataques al territorio protegido
A esta situación se suman actuaciones sobre el territorio que, para RRAA, resultan especialmente preocupantes por su afección a espacios de elevado valor ambiental y paisajístico. En Cabo Peñes, dentro del Paisaje Protegido del Cabo Peñes, se están ejecutando actuaciones que alteran un enclave cuya protección debería exigir precisamente el máximo cuidado sobre su paisaje y sus valores naturales.
Igualmente preocupante es la apertura y mejora de pistas y accesos rodados en los puertos de Agüeria, en Quirós, y en Contorgán, en Caso, en pleno ámbito de la Cordillera Cantábrica. Se trata de actuaciones que facilitan el acceso motorizado a zonas de montaña de extraordinario valor natural y que pueden favorecer una progresiva transformación de espacios hasta ahora mucho más aislados y preservados.
Para RRAA, no es coherente proclamar la importancia de la cordillera Cantábrica, de sus espacios protegidos y de sus valores naturales mientras se promueven o autorizan actuaciones que abren nuevas vías de acceso rodado hacia el corazón de la montaña. La apertura de pistas no es una actuación neutra: incrementa la accesibilidad, facilita nuevos usos y puede generar una presión creciente sobre territorios especialmente sensibles.
En el caso de Agüeria y Contorgán, además, estamos hablando de enclaves situados en una de las áreas de mayor importancia para la conservación de la naturaleza asturiana. La decisión de abrir o acondicionar accesos rodados debería estar sometida, como mínimo, a una evaluación rigurosa de sus efectos acumulativos sobre la fauna, la flora, el paisaje, la tranquilidad de la fauna y la propia integridad de los espacios protegidos.
No se puede proteger la Cordillera Cantábrica sobre el papel y, al mismo tiempo, abrir progresivamente sus zonas más valiosas al acceso rodado
No se puede proteger la Cordillera Cantábrica sobre el papel y, al mismo tiempo, abrir progresivamente sus zonas más valiosas al acceso rodado. La conservación exige precisamente preservar determinados lugares de la presión que genera una accesibilidad cada vez mayor.
